El proyecto liderado por Esteban Paulón y Mónica Fein contempla la asesoría de Caputo en la Ley de Ética Pública y lo obligaría a presentar una declaración jurada de sus bienes. El rol de Caputo, cada vez más influyente
Los diputados socialistas de Encuentro Federal, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron este lunes un proyecto de ley que pone la lupa sobre el asesor presidencial del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo. Se trata de una modificación a la Ley de Ética Pública que lo obliga a presentar una declaración jurada sobre sus bienes y deberá ser tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados oficialistas Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
El proyecto lo bautizaron como “ley Caputito” -un diminutivo despectivo que utilizan puertas adentro para diferenciar al asesor del ministro de Economía-. El expediente, que ingresó hoy, especifica que “cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución confiere expresamente al presidente de la Nación, deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de Gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.
“No puede ser que tenga todos los beneficios y ningún control”, objetaban fuentes parlamentarias indignadas con el alcance del poder del ´funcionario sin firma´. El mismo presidente Javier Milei lo calificó, junto a su hermana Karina, como el arquitecto del movimiento libertario: su trabajo como armador de La Libertad Avanza no terminó con la llegada de los Milei al poder, más bien recién empezaba.
El expresidente Mauricio Macri consideró, con reclamo entre líneas, que el jefe de Estado “le cedió casi el manejo absoluto del Gobierno” al asesor. Es uno de los pocos que mantiene prendidas las luces de su despacho en Casa Rosada hasta tarde y se ha reunido mano a mano en secreto con varios personajes de la política; Macri fue uno de ellos. En las últimas semanas, además, se sumó a la mesa parlamentaria de aliados que encabeza con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Si bien no salió en ninguna foto con gobernadores, por ahora, sí se involucra personalmente con ellos por teléfono.
Se trata del representante más puro del relato mileísta y cada vez conquista más áreas del Ejecutivo. Además de ser acusado de manejar el “troll-center” de libertarios en redes, durante estos diez meses de gestión logró ampliar su influencia en las áreas de Inteligencia, Salud, Justicia, empresas públicas y ahora también Energía, tras el acuerdo con el exmandatario amarillo para designar a María Tettamanti en la Cartera de Economía. Todo el arco político reconoce su liderazgo y sabe que él está detrás de todas las medidas del gobierno de Milei; sin embargo, su firma no figura en ningún lado.
Desde la salida del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, el asesor cobró todavía más protagonismo. Pasó de ser el que salía en las fotos fumando en Balcarce 50 a ser reconocido como el armador de la nueva SIDE, tras heredar la exAFI de Jefatura de Gabinete, y puso a Sergio Neiffert al frente, hombre de su confianza. Ya gestionaba las empresas públicas a través de Diego Chaher, que se encargaba de intervenir en los medios públicos hasta que empezó a hacerse cargo de toda la Unidad Ejecutora de empresas públicas, en pos de acelerar los procesos de privatización. También estuvo detrás del desplazo de Mario Russo, reemplazado por Mario Lugones en la cartera de Salud, y fue principal promotor de la disolución de la AFIP, que quedó con Andrés Vázquez como titular de la Dirección General Impositiva (DGI); hombre de su elección.
Con todo, Caputo mantiene su estatus de profesional autónomo y tiene formalizado un cargo como consultor bajo el ala de Karina Milei, secretaria de Presidencia. Es decir: no es funcionario. Los diputados de la oposición ya habían pedido explicaciones para el informe de gestión y en ese entonces se blanqueó que percibe 3.750 unidades retributivas por mes, lo cual equivale a unos 2-3 millones de pesos. A su vez, contribuye como empleado en el sector privado.
“Agréguese en el artículo 5 de la Ley de Ética Pública: todos los funcionarios, independientemente de su forma de contratación, con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios (URS) del Sistema Nacional de Empleo Público”, dispone el proyecto de los santafecinos.
